Luis Alberto Arriaga exige aplicación de la pena de muerte en Puebla.
La mayoría de las fracciones representadas en el Congreso del estado aprobó ayer la aplicación de cadena perpetua en contra de secuestradores, la tipificación del chantaje como un delito grave, así como el incremento de las multas por plagio de 200 a 4 mil días de salario mínimo, aunque, Luis Alberto Arriaga Lila, diputado local del PRI se pronunció por considerar la pena de muerte en contra de quienes cometen este delito.
La propuesta del legislador priísta se debe a que, desde su punto de vista, la cadena perpetua no inhibe a los secuestradores, los cuales operan desde el interior de los centros de readaptación social.
No obstante, por la mañana de este jueves, los diputados locales Pablo Fernández del Campo del PRI, Enrique Guevara Montiel del PAN, Melitón Lozano Pérez del PRD y Gustavo Espinosa Vázquez de Nueva Alianza, se pronunciaron en contra de la pena de muerte, ya que consideraron que no funcionaría mientras haya altos índices de impunidad.
Con la abstención del diputado José Manuel Pérez Vega del PT, los diputados aprobaron en el pleno las reformas al Código de Defensa Social presentada por el Ejecutivo estatal.
En tribuna, Pablo Fernández del Campo destacó que con la aprobación del aumento a las penas, el Congreso local se hace solidario con el "dolor" y la sensación de impunidad de las víctimas y sus familiares.
Manifestó que con ello se busca inhibir la escalada de ilícitos, aunque reconoció que el plagio tiene baja incidencia en el estado.
Asimismo, destacó que las fracciones se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante estas reformas a pesar de que tengan ideas diferentes.
La modificación del artículo 302 Bis del Código de Defensa Social plantea la cadena perpetua en contra de plagiarios, ya que en la actualidad, las penas van de los 18 a los 70 años de cárcel.
Las multas mínimas por este delito también se incrementarán ya que actualmente son de 200 días de salario mínimo y pasarán a cuatro mil días, mientras que las máximas se modificarán de dos mil a 8 mil días de salario mínimo.
La ley estipula que la pena se endurece si el autor del secuestro es o fue integrante de alguna institución de seguridad pública o se ostente como tal sin serlo; que la víctima sea mujer, menor de 18 años de edad, mayor de 60 años o se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien la secuestre.
Asimismo que a la víctima se le cause alguna lesión que le produzca una incapacidad permanente o sea mutilada; que padezca alguna enfermedad crónica o grave, tenga una discapacidad que requiera cuidados especiales, o que sufra una enfermedad que requiera de suministro de medicamentos, radiaciones o la evaluación mediante exámenes de laboratorio en su persona y, que de ser suspendida, altere su salud o ponga en peligro su vida.
Arriaga a favor de la pena de muerte
El diputado Luis Alberto Arriaga Lila dijo estar de acuerdo con la pena de muerte en contra de los secuestradores por el dolor que causan a las víctimas, ya que llegan a privarlas de sus vidas.
Consideró que la cadena perpetua no inhibe la comisión de este delito que se comete desde el interior de las cárceles del país, por lo que se pronunció por iniciar una discusión respecto a la aplicación de la pena de muerte en el estado.
No obstante, por la mañana de este jueves, los diputados locales Pablo Fernández del Campo del PRI, Enrique Guevara Montiel del PAN, Melitón Lozano Pérez del PRD y Gustavo Espinosa Vázquez de Nueva Alianza, se pronunciaron en contra de la pena de muerte, ya que consideraron que no funcionaría mientras haya altos índices de impunidad.
Con la abstención del diputado José Manuel Pérez Vega del PT, los diputados aprobaron en el pleno las reformas al Código de Defensa Social presentada por el Ejecutivo estatal.
En tribuna, Pablo Fernández del Campo destacó que con la aprobación del aumento a las penas, el Congreso local se hace solidario con el "dolor" y la sensación de impunidad de las víctimas y sus familiares.
Manifestó que con ello se busca inhibir la escalada de ilícitos, aunque reconoció que el plagio tiene baja incidencia en el estado.
Asimismo, destacó que las fracciones se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante estas reformas a pesar de que tengan ideas diferentes.
La modificación del artículo 302 Bis del Código de Defensa Social plantea la cadena perpetua en contra de plagiarios, ya que en la actualidad, las penas van de los 18 a los 70 años de cárcel.
Las multas mínimas por este delito también se incrementarán ya que actualmente son de 200 días de salario mínimo y pasarán a cuatro mil días, mientras que las máximas se modificarán de dos mil a 8 mil días de salario mínimo.
La ley estipula que la pena se endurece si el autor del secuestro es o fue integrante de alguna institución de seguridad pública o se ostente como tal sin serlo; que la víctima sea mujer, menor de 18 años de edad, mayor de 60 años o se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien la secuestre.
Asimismo que a la víctima se le cause alguna lesión que le produzca una incapacidad permanente o sea mutilada; que padezca alguna enfermedad crónica o grave, tenga una discapacidad que requiera cuidados especiales, o que sufra una enfermedad que requiera de suministro de medicamentos, radiaciones o la evaluación mediante exámenes de laboratorio en su persona y, que de ser suspendida, altere su salud o ponga en peligro su vida.
Arriaga a favor de la pena de muerte
El diputado Luis Alberto Arriaga Lila dijo estar de acuerdo con la pena de muerte en contra de los secuestradores por el dolor que causan a las víctimas, ya que llegan a privarlas de sus vidas.
Consideró que la cadena perpetua no inhibe la comisión de este delito que se comete desde el interior de las cárceles del país, por lo que se pronunció por iniciar una discusión respecto a la aplicación de la pena de muerte en el estado.
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