La familia de Olga Nayeli Sosa Carrasco, asesinada y desmembrada por su marido, acusa trabas en el juicio por la custodia de la pequeña de tres años —hija de la pareja—, debidas al tráfico de influencias de familiares del agresor, quienes actualmente retienen a la menor.
Argelia Romero y Alejandra Sosa, madre y hermana de Nayeli, explicaron que la niña actualmente se encuentra en custodia de sus abuelos paternos, por decisión de María Carrasco Sandoval, juez Cuarto de lo Familiar, pero responsabilizan al magistrado Manuel Nicolás Ríos Torres, familiar del agresor Moisés Torres López, de entorpecer y viciar el proceso.
“Hemos constatado la presencia del magistrado en los juzgados, acompañando a la familia del agresor. Los abuelos de mi sobrina nos han advertido que no podremos hacer nada al respecto, que es mejor que aceptemos la situación”, relató Alejandra.
En la audiencia conciliatoria presidida por la secretaria de Acuerdos del juzgado 4 de lo familiar, celebrada con personal del DIF, a los abuelos paternos y a la madre y hermana de Nayeli les fue anunciada la decisión de que la pequeña permanecería con la familia del agresor, dada la solvencia económica de éstos.
Alejandra Sosa relató que fue invitada a firmar un tramposo convenio en el que cedía la custodia a cambio de poder visitar a la niña. “Eso es lo que más te conviene, me dijo la secretaria de Acuerdos”, acusó la hermana que se negó a rubricar el documento.
“Hay inclinación hacia la familia del asesino. A ellos les dieron a la niña sin celebrar una notificación a la contraparte, el proceso quedó asentado 938/2014 del juzgado 4. Nosotras no fuimos avisadas de la decisión, se hizo a nuestras espaldas a pesar de las circunstancias”, denunció la madre de Nayeli.
El asesino conserva la patria potestad
La familia emprendió un nuevo proceso para lograr la custodia pero fracasó. En el juzgado 5 de lo familiar desecharon la demanda, pues no presentaron un acta de defunción de Nayeli, a pesar de mostrar las copias certificadas en las que consta que su marido la había asesinado.
Acusaron también que han pasado 8 meses desde que Moisés Torres López confesara a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el sitio donde enterró los restos de su esposa, luego de descuartizarlos y calcinarlos, sin embargo aún no recibe sentencia y aún conserva la patria potestad de la menor, situación que prevén, quedará suspendida por el tráfico de influencias de las que han sido advertidas.
La advertencia ha cobrado cada día más sentido, pues aunque la PGJ abrió en el proceso 410/2014 un triplicado en la Metropolitana Sur de Desaparecidos para investigar la posible participación de más cómplices, incluso del abuelo paterno quien ayudara a limpiar la escena del crimen, no se ha reportado avance alguno.
La abuela de la pequeña de tres años dice vivir aterrada de que la niña permanezca en la casa paterna. Anunció que recurrirá a una audiencia con la presidenta del DIF, Martha Érika Alonso, a fin de que termine la agonía por el crimen que ha extendido el sufrimiento a todos los integrantes de la familia de la víctima.
