viernes, septiembre 26, 2008

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Encabeza Puebla incidencia de extorsión telefónica desde sus penales

Puebla forma parte de un grupo de once estados donde se concentra el mayor número de delitos de extorsión y secuestro virtual en el país, y cuyo origen procede en 4 de cada 5 ocasiones, de centros de rehabilitación social, según lo refiere un informe del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.


Además de la entidad, este tipo de delitos destaca también en el Distrito Federal y los estados de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala.
Al aprobar el Senado de la República este jueves la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, los legisladores justificaron su dictamen en el informe del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos sobre la incidencia de la extorsión telefónica que se ha registrado en el país durante los últimos ocho años.
En él se especifica que el 95 por ciento de las extorsiones se realizan por medio de telefonía celular y el resto desde teléfonos públicos. De esta cifra se ha logrado detectar que el 80 por ciento de los casos fueron realizados en el interior de los reclusorios.
Asimismo el Consejo cuenta con una estimación de al menos 700 bandas de extorsionadores que operan en los distintos centros de rehabilitación social del país, y 15 de las más activas realizan sus ilícitos en penales del Distrito Federal.
De acuerdo con las cifras, cada 24 horas se intentan 760 extorsiones y un elevado número de personas ha caído en el engaño. En 2005, el 37 por ciento de las víctimas pagaron la extorsión o fueron defraudados. En 2006 el 20 por ciento de las personas contactadas perdió su dinero al pagar la extorsión. Durante los primeros meses de 2008 se intentaron realizar más de 41 mil extorsiones, de las cuales fructificaron 3 de cada 10.
La creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil quedó incluida dentro de una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, en la que se contemplan penas de 5 a 10 años de prisión y multas de 200 a 500 días de salario mínimo para quienes cometan extorsión telefónica.
Asimismo se considerará elevar el rango de la pena si el delito lo ejecuta una banda delictiva, un servidor o ex funcionario público, al igual que por un miembro o ex miembro de alguna corporación policiaca o bien de las Fuerzas Armadas.

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