Al descubierto, la corrupción en el Registro Público de la Propiedad

Desde hace mucho tiempo existen rumores de que en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Puebla (RPPC) –que dirige José Rafael Machorro Hernández– se ha vuelto común una serie de actos corrupción. Uno de ellos, es que cuando alguien sabe que puede perder un inmueble en un litigio, principalmente por no pagar una deuda, consigue con complicidad de personal del RPPC la inscripción de la propiedad, con fecha anterior al inicio del juicio, a nombre de otra persona y de esa manera evita el embargo, aparentando que no es el dueño.
Un reciente caso confirma que son ciertos esos rumores, ya que un particular obtuvo del RPPC certificados de no gravamen en los cuales se asentaba que un conjunto de cinco casas eran propiedad de la Inmobiliaria y Constructora Claudia. Posteriormente volvió a conseguir documentos oficiales que ratificaban esa condición, mismos que se usaron en un juicio mercantil. Y cuando ya había embargado dos de esas viviendas, resulta que con aval del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Puebla, aparecieron un par de escrituras de más de 18 años de antigüedad que evitó que se concretara la incautación.
Esa situación más que ser una confusión, es un claro fraude en el que participaron funcionarios del RPPC para evitar el embargo.
Lo grave de esta situación es que el agraviado, el contador José Luis Cisneros Esparza, cuando denunció ante la Secretaría del Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) a José Rafael Machorro Hernández, quien es el registrador público de Puebla, la respuesta es que es uno de los funcionarios "consentidos" del Poder Ejecutivo y por tanto, cualquier queja en su contra no prospera.
El afectado por el timo no se quedó con las manos cruzadas y luego de muchas presiones, consiguió que Vanesa Barahona de la Rosa, la delegada de Sedecap en la Secretaría de Gobernación, le admitiera una queja contra el registrador, misma que deberá contestar esta semana. Es decir, en estos días se sabrá, con base en la respuesta oficial de la funcionaria, qué tanto se protege en el gobierno las anomalías del RPPC y de su titular, Rafael Machorro.
Inmobiliaria y Constructora Claudia S.A de C.V es propiedad de un empresario que fue de los más prósperos en la década de los 80 y principio de los 90 –pues entre otras obras construyó el fraccionamiento Maravillas, a un costado del estadio Cuauhtémoc–, pero en 1994, por la crisis económica, quebró y tuvo que huir de Puebla para evitar ir a la cárcel por el no pago de deudas.
Años más tarde buscó que algunos ex colaboradores lo ayudaran nuevamente a recuperar capital para hacer construcciones. Uno de ellos fue su ex contador, quien le prestó una fuerte suma de dinero, misma que nunca le regresó pese a que había una serie de pagarés. Ante el incumplimiento, el agraviado emprendió un juicio para recuperar su dinero.
El contador que inició el juicio se presentó en junio de 2006 en las oficinas centrales del RPPC y solicitó un certificado de no gravamen sobre los bienes de inscritos de la empresa Inmobiliaria y Constructora Claudia, y José Rafael Machorro Hernández le extendió el certificado 287751 –ver la copia–, en el cual indica que dicha compañía tiene como propiedades:
Los bienes inmuebles ubicados en el lote 23, manzana 3, del conjunto Amanecer, en donde se encuentra el edificio con el número 2911, de la calle Circuito del Sol, en el cual hay cinco viviendas que a su vez están marcadas con los números 2911–2 y 2911–3. Este conjunto de casas, indicaba el funcionario del RPPC, estaban registradas en la escritura que se anotó en los libros de esta dependencia el 11 de febrero de 1991, en las fojas 34 VTA, tomo 479 del libro 1.
Con base en estos datos, José Luis Cisneros Esparza el 24 de agosto de 2006 emprendió un juicio mercantil, y para ello, el registrador público le vuelve a expedir un certificado, con el folio 2201126 –ver documento dos–, en donde se asienta:
"13 de julio de 2006 se instruye para la inscripción de embargo de juicio ejecutivo mercantil por parte del juzgado décimo de distrito en el expediente 36/2005, oficio número 18704/2006, suerte principal 1, 200, 000.00/00 moneda nacional y demás prestaciones promovido por José Luis Cisneros Esparza. Demandado Inmobiliaria y Constructora Claudia S.A. de CV".