Los plagiarios exigieron 3 millones de dólares. A lo largo de 17 días, la familia Vargas esperó la llamada telefónica del hombre encargado de negociar la libertad de Silvia, pero cuando se pidió una “prueba de vida” los secuestradores rompieron todo contacto.
Ese 27 de septiembre de 2007 fue la última vez que la familia de Nelson Vargas tuvo noticias de los delincuentes que se llevaron a su hija. Hoy, a casi un año de que privaron de la libertad a la “joven de 18 años”, su familia tiene esperanza de que regrese a casa.
Sin embargo, aunque las investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) continúan para ubicar el paradero de Silvia Vargas Escalera y localizar a los responsables de su secuestro, oficialmente el estatus de la víctima es de “desaparecida”.
De acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIS/238/2007, Silvia salió de su casa el 10 de septiembre de 2007 y se dirigía a la escuela Alexander Bain. Fue la última vez que su familia la vio. La denuncia fue presentada ante la PGR y la unidad antisecuestros de la dependencia inició las pesquisas por privación ilegal de la libertad; un grupo especial de la AFI fue designado para asesorar a la familia Vargas.
De acuerdo con indagaciones, reveladas por autoridades de la PGR, hay indicios de que Silvia fue contactada vía internet por sus plagiarios. Entre las razones por las que quizá no ha regresado es que conocía a los responsables de su secuestro, según la hipótesis.
Las personas que exigieron 3 millones de dólares negociaron por dos semanas la liberación de la joven, y la familia Vargas llegó a reunir y ofrecer hasta 2 millones de dólares por su rescate, pero cuando se pidió una “prueba de vida”, como el poder hablar con ella vía telefónica, los plagiarios rompieron contacto.
Una de las líneas de investigación no descarta la posibilidad de que la banda de La Flor —en la que participan policías capitalinos— también pudiera estar detrás de este secuestro, ya que ese grupo contaba con información clave sobre movimientos y actividades de Fernando Martí, al igual que sus captores en el caso de Silvia Vargas.
La diferencia entre ambos casos, de acuerdo con las autoridades consultadas, es que el empresario Alejandro Martí, a dos meses del secuestro de su hijo, públicamente trató de negociar, a través de la publicación. Mientras que la familia Vargas se mantuvo a la espera de que los plagiarios se contactaran.
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