Los tres magistrados de Chihuahua aseguraron que la decisión en el caso de la hija de la activista Marisela Escobedo se tomó por falta de pruebas suficientes.
Los tres jueces de Chihuahua, acusados de liberar al asesino de la hija de la activista Marisela Escobedo, defendieron su resolución, que aseguraron se tomó por la falta de pruebas suficientes y contundentes de la Fiscalía.
En conferencia de prensa, los jueces Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga, aseguraron en conferencia de prensa que la función del juez en un juicio oral no es investigar ni ayudar a alguna de las partes a demostrar su postura, ni dar eficacia a las pruebas que no reúnen los requisitos legales y de validez, pues hacerlo sería juzgar a partir de pruebas ilícitas, violentando la Constitución.
En un documento en el que justificaron su resolución destacaron que nunca existió la confesión del presunto autor material del homicida de Rubí Marisol, Sergio Barraza, ya que el inculpado hizo uso de su derecho a no declara y por tanto jamás admitió culpabilidad ante el Ministerio Público o ante los jueces.
"La confesión, para su validez requiere que sea realizada a a través de un reconocimiento expreso de culpabilidad ( no tácito o implícito) ya sea ante Ministerio Público y/o ante el juez conforme al Artículo 133 del Código Procesal Penal del estado de Chihuahua y en presencia de su defensor", afirmó el juez Zúñiga.
El juez Rafael Boudid, a su vez, explicó que "se absolvió a Sergio Barraza debido a que la Fiscalía omitió aportar pruebas concluyentes que demostraran, más allá de toda duda razonable que el mismo hubiera sido el autor del homicidioo de Rubí Marisol".
Recordó que en el Sistema de Justicia del Serial la obligación de investigar y de recabar pruebas le corresponde a la Fiscalía (Ministerio Público).
"En caso de insuficiencia de pruebas para condenar, debe absolverse, lo cual quiere decir que no se demostró la culpabilidad, con independencia de si el imputado es o no inocente. No somos abogado de las partes", puntualizó.
La juez Catalina Ochoa, en su intervención, aseguró que la decisión de absolver a Sergio Barraza no mató ala víctima ni tampoco a su madre, Marisela Escobedo, cuyo asesinato ocurrió aproximadamente siete meses después de la resolución del tribunal oral.
"Nuestra función en únicamente juzgar en cuanto a las pruebas que se llevan a cabo. Nuestra sentencia no causó ninguna de las dos muertes", manifestó.
Detallaron las pruebas aportadas por la Fiscalía, entre ellos varios testimonios contradictorios, vertidos por testigos de oída, cuya admisión no está permitida por ley como prueba.
El abogado de los jueces, Maclovio Murillo, dijo que sus representados no comparten el criterio del tribunal de casación que revocó la sentencia absolutoria y condenó a Barraza a 50 años de prisión.
Dijo que sus representados reconocen la facultad del Supremo Tribunal de Justicia de revisar sus resoluciones y decidir, en su momento, si se cometió una falta y si es procedente a aplicar alguna sanción.
Sin embargo, negó que el Congreso local tenga una causa legal para instaurar juicio político en contra de los jueces, pues de acuerdo con Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese procedimiento no pueden analizarse las consideraciones jurídicas de una resolución judicial porque ello implicaría una invasión de competencia.
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