En Puebla entró en vigor ayer el nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal, pero según el magistrado Carlos Loranca Muñoz, el nuevo método de aplicación de la justicia no se encuentra adecuado al 100 por ciento, al considerar que los policías en México no están lo suficientemente capacitados para un trabajo como lo demanda este procedimiento.
Asimismo, para la aplicación del nuevo sistema acusatorio quedaron inauguradas cuatro salas de juicios orales en donde atenderán cuatro jueces de distrito en el edificio del Poder de la Federación que se ubica en bulevar Periférico Ecológico.
La creación de este Sistema de Justicia Penal se aprobó con la reforma penal de junio de 2008, en la cual se estableció que todo el país tendría un plazo de ocho años para cambiar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio.
Ayer, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación federal informó que el nuevo sistema debutó sin problema alguno en las primeras entidades que encabezan la lista: Puebla y Durango.
Sobre este tema, en una entrevista con Oro Noticias primera emisión, el magistrado Carlos Loranca Muñozreconoció que únicamente está adecuado en un 60 por ciento para una correcta aplicación de dicho método, pues dijo que se requiere de una mejor capacitación para los policías, así como para los jueces que se harán cargo de aplicar la justicia.
Dijo que se requiere del trabajo de una Policía científica, sin embargo, reconoció que aún falta por definir varias cosas para un mejor funcionamiento del procedimiento en el país, que se calcula que para junio de 2016 se sumen las 32 entidades federativas.
La entrada en vigor en Puebla y Durango es la primera etapa de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), ya que el resto de las entidades federativas se irán sumando hasta estar incluidos todos en 2016.
Dentro de la segunda etapa, los estados que deben de empezar a implementar este método están Yucatán y Zacatecas. La tercera agrupa a Baja California para marzo de 2015 y para junio de ese año deben de sumar San Luis Potosí, Querétaro y Morelos.
Mientras que para 2016, en la quinta etapa, se sitúa en Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz.
La creación de este nuevo sistema de justicia se aprobó con la reforma penal de junio de 2008, en la cual se estableció que todo México tendría un plazo de ocho años para cambiar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio.
Esto significa que los procesos deben pasar de basarse en expedientes a basarse en juicios orales, además que debe favorecerse que sólo cierto tipo de delitos deba llegar a juicio, mientras el resto pueda solucionarse con mecanismos alternativos como un arreglo de reparación de daño entre la víctima y el acusado.
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